Pese a contar con un superávit casi 8 veces inferior al de este año, aumentará la inversión en obra pública

El gobierno de Osvaldo Jaldo presentó este lunes el Presupuesto 2026: $4.982.270 billones de recursos frente a $4.981.562 billones de erogaciones, lo que deja un superávit de apenas $708 millones. El número luce magro si se lo compara con los $5.600 millones de superávit primario pautados para 2025: es casi ocho veces inferior. El salto nominal del 46,47% respecto al presupuesto original 2025 ($3,4 billones aprobado a fines de 2024) se diluye al detalle: 97,7% de los ingresos son corrientes y se consumen en salarios, servicios públicos y bienes de uso efímero; solo el 2,3% restante financia gastos de capital (infraestructura). Además, el 70,28% de la caja ($3.327.558 billones) llega desde Nación, indicando la dependencia que la provincia mantendrá de la gestión libertaria.

Jaldo reunió al Gabinete y anunció la remisión del proyecto a la Legislatura. “Queríamos transmitirle que el gobierno provincial envió el presupuesto a la Legislatura en tiempo y forma, como lo hemos venido haciendo estos dos años. Es decir, ese presupuesto que nos permite funcionar, que tiene equilibrio fiscal, que nos permite atender las necesidades de cada uno de los tucumanos y tener un gobierno presente, un estado presente en las diferentes áreas que son de propia responsabilidad del Gobierno de la provincia de Tucumán”, declaró el mandatario.

Daniel Abad, ministro de Economía, salió al cruce de quienes tildan de “simbólico” el superávit: “Los números son los números, uno más uno es dos, y no es simbólico, es el superávit real que tenemos proyectado en el presupuesto”. El cálculo se armó sobre las pautas nacionales: inflación 10,1%, PBI +5% y dólar a $1.423 a fin de 2026. “El presupuesto nacional entra dentro de esa pauta, por lo tanto no nos podemos desviar”, explicó Abad, en alusión a la Ley de Responsabilidad Fiscal que Tucumán suscribió.

Se proyecta un total de recursos para el ejercicio 2026 de $ 4,982.270 billones, de los cuales corresponden $ 4,876.972 billones a recursos corrientes (compuesto por $ 3,327.558 billones de recursos nacionales, $ 1,465.102 millones de recursos provinciales y $ 84.312 millones de aportes del Estado Nacional) y $ 105.298 millones de recursos de capital (compuesto por $ 11.930 millones de recursos provinciales y $ 93.368 millones de transferencias nacionales).

Educación, salud, seguridad y desarrollo social concentran el 70% del gasto operativo. Las partidas asignadas son:

• Seguridad: $157.000 millones

• Salud: $339.000 millones.

• Desarrollo Social: $138.000 millones.

• Educación: $301.000 millones.

“Nosotros, como todos los años, hemos priorizado aquellas áreas que el gobernador definió en 2023, cuando retomamos el presupuesto que se había presentado y nosotros lo reformulamos, que es destinar una mayor cantidad de recursos a áreas sensibles que tienen que ver con el servicio público, y en ese sentido educación, salud, seguridad social y seguridad siguen siendo para el presupuesto 2026 las prioridades”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda local.

De acuerdo a lo informado oficialmente, las erogaciones en materia salarial, ascienden para el próximo año a los $2,59 billones, lo que representa un incremento del 29% respecto al actual gasto en haberes de la administración pública tucumana. En tal sentido, se dejó aclarado que "para determinar el gasto en Personal, se anualizaron los incrementos salariales otorgados en el presente año y se consideró el crecimiento vegetativo".

Además, en la presentación del Presupuesto se indicó que el incremento en los otros gastos corrientes "se debe principalmente a las transferencias automáticas a Municipios y Comunas y al ajuste por inflación".

El dato que más resaltó Abad es que la obra pública pasa del 3% al 7,8% del presupuesto total, unos $420.000 millones. “Por la cantidad de obras que están hoy vigentes y que se están haciendo en la provincia”, justificó.

“El Presupuesto del ejercicio 2026 contempla que la Provincia pueda cumplir y alcanzar los indicadores de comportamiento fiscal asumidos por la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal y lo que quizás sea más importante, profundizar el esfuerzo para asegurar el equilibrio fiscal y la atención oportuna de las funciones esenciales del Estado y de sus obligaciones”, sostuvieron desde el Ejecutivo.